Una profunda preocupación por la seguridad hídrica de la región Moquegua fue expresada durante una entrevista en Radio y Televisión Primavera, donde el analista político Andy Phillip Zeballos cuestionó la negativa de Anglo American Quellaveco de ejecutar la construcción de la represa Asana, compromiso incluido dentro de los 26 acuerdos suscritos con la sociedad moqueguana para viabilizar el proyecto minero.
Zeballos sostuvo que la construcción de la represa Asana no constituye un favor empresarial, sino una obligación formal vinculada al uso responsable del recurso hídrico en una región desértica y altamente vulnerable al cambio climático. Recordó que estudios técnicos previos —financiados incluso por la propia empresa— acreditaron la viabilidad del proyecto, por lo que cuestionó que, tras más de 14 años, hoy se pretenda declarar su inviabilidad.
“Decir que la represa depende de la voluntad de la empresa es poner el futuro del agua de Moquegua en manos de intereses privados”, advirtió.
Durante la entrevista también se alertó que Moquegua e Ilo enfrentan serios problemas de escasez y calidad del agua. Según se indicó, informes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y del OEFA evidencian la presencia de metales como cobre, molibdeno, aluminio y plomo, con especial afectación en niños menores de 12 años.
El analista remarcó además que el sector agrícola emplea a una mayor población que la minería en la región, advirtiendo que la reducción del caudal de los ríos y la afectación de la flora y fauna impactan directamente en los productores locales y en la seguridad alimentaria. En ese contexto, cuestionó la propuesta de reemplazar la represa Asana por un fondo económico, señalando que las utilidades anuales de la empresa permitirían financiar infraestructura hídrica sin comprometer su rentabilidad.
Zeballos también advirtió sobre una debilidad estructural del Estado en la fiscalización minera, lo que —según afirmó— habría facilitado el incumplimiento de compromisos ambientales y sociales. No descartó la posibilidad de acciones judiciales, dependiendo del sustento legal y vinculante de los acuerdos suscritos.
Finalmente, exhortó a no normalizar el consumo de agua potencialmente contaminada y planteó la necesidad de declarar una emergencia hídrica regional, señalando que la presión ciudadana, el acceso a información veraz y la movilización social constituyen mecanismos legítimos para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos con Moquegua.
