El debate sobre la represa Asana ha regresado al centro de la agenda pública y, con él, una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se puede reemplazar, sin más, un compromiso firmado hace 14 años?
En 2012, en la mesa de diálogo con Anglo American Quellaveco, quedó establecido el Acuerdo 11, donde la empresa ofrecía la construcción de la represa Asana como parte de sus compromisos con la región. Ese ofrecimiento no fue casual: se presentó como técnicamente viable, legalmente posible y ambientalmente sustentable.
Hoy, la narrativa ha cambiado. La empresa sostiene que el proyecto sería inviable por condiciones geográficas y ambientales, y propone alternativas distintas. El problema no es que existan nuevas propuestas. El problema es qué ocurre con el compromiso original.
Dos estudios, dos conclusiones opuestasEntre 2019 y 2022, el Fondo de Desarrollo de Moquegua financió estudios a cargo de la consultora Pöyry Perú, cuyo resultado fue claro: la represa Asana sí es viable, con un costo estimado cercano a los 299 millones de soles.
Posteriormente, la empresa minera encargó otro estudio a otra empresa, que concluye exactamente lo contrario: que el proyecto presenta riesgos estructurales, altos costos y limitaciones del terreno que lo harían inviable.
Moquegua se encuentra así ante un escenario inusual: dos informes técnicos, con conclusiones totalmente opuestas, uno financiado con recursos públicos y otro con recursos de la empresa.
El punto de fondo: el compromisoAquí no se discute solo ingeniería. Se discute credibilidad.
Si en 2012 la represa era viable y hoy ya no lo es, la población tiene derecho a una explicación técnica única, transparente y consensuada.
Si en 2012 ya existían dudas sobre su viabilidad, la población tiene derecho a preguntarse por qué se ofreció como compromiso.
Pretender pasar de la represa Asana a “nuevas alternativas” sin cerrar esa brecha de información deja una sensación peligrosa: que el tiempo diluye responsabilidades.¿Renunciar al Acuerdo 11?
Lo que se decida hoy no es menor. Aceptar nuevas propuestas sin aclarar el destino del Acuerdo 11 equivale, en la práctica, a renunciar a ese compromiso histórico.
La discusión no es si Moquegua necesita agua —eso es indiscutible—.
La discusión es si los compromisos firmados pueden ser reemplazados sin una rendición de cuentas clara.
Lo que Moquegua mereceLa región no está pidiendo favores. Está pidiendo coherencia:Un pronunciamiento técnico independiente que unifique criterios.
Transparencia sobre por qué dos estudios llegan a conclusiones opuestas.
Una definición explícita sobre la vigencia o no del Acuerdo 11.
Porque más allá del proyecto específico, está en juego algo mayor: la confianza pública en los acuerdos que se firman en nombre de Moquegua.
Realizado por: Anita Peñaloza Villanueva
