La inseguridad ciudadana en Perú enfrenta una de sus crisis más graves. Entre enero y julio de 2025, se registraron más de 20.000 denuncias por extorsión a nivel nacional, pero sorprendentemente solo se emitieron 11 sentencias condenatorias, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esto significa que menos del 0,05% de los casos denunciados alcanzaron una resolución judicial firme, mientras que 284 personas permanecen en prisión preventiva por este delito, sin haber recibido aún una condena.
De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), de enero a octubre de este año, se contabilizaron 23.213 denuncias por extorsión. Los datos del INPE revelan que solo 295 internos ingresaron a prisión por extorsión, y de ellos, un alarmante 96% no cuenta con sentencia firme.
En un contexto de creciente violencia, las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) indican que hasta el 4 de noviembre se han reportado 1.895 homicidios en todo el país, de los cuales 129 ocurrieron durante el actual gobierno de José Jerí. Lima (39 homicidios) y Huaura (10 homicidios) se posicionan como las provincias más violentas, y preocupantemente, ningún día ha registrado "cero homicidios".
Especialistas y exautoridades del sector advierten que esta situación evidencia un colapso institucional que afecta gravemente la seguridad ciudadana y la capacidad del Estado para sancionar adecuadamente la criminalidad organizada. La falta de eficacia en el sistema penal pone en jaque la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad.
