SAMEGUA | ¿QUÉ TAN FÁCIL ES GANARLE UN JUICIO A LA MUNICIPALIDAD DE SAMEGUA? INDEMNIZACIÓN, INTERESES Y TACHA ELECTORAL DESATAN POLÉMICA.

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Un proceso judicial que terminó con una indemnización superior a los S/ 100 mil, una liquidación adicional de S/ 29 263,02 por intereses legales y una reciente tacha electoral han colocado bajo cuestionamiento la actuación de la Municipalidad Distrital de Samegua y de su Procuraduría Municipal.

El caso vuelve a cobrar notoriedad porque el beneficiario del pago judicial, Wilmer Javier Robledo del Águila, es también quien presentó una tacha contra Renso Quiróz Vargas, candidato a la alcaldía de Samegua por Alianza para el Progreso.

La coincidencia ha generado una pregunta que ya circula entre vecinos y simpatizantes del candidato: ¿se trata únicamente de una controversia legal o existe también un trasfondo político?

La municipalidad fue declarada rebelde

El proceso corresponde al Expediente N.° 00373-2021-0-2801-JR-CI-01, iniciado por Robledo contra la Municipalidad Distrital de Samegua por daños y perjuicios.

Según la sentencia judicial, la demanda se originó porque la comuna elaboró un plano de lotización y vías, instaló dos piletas públicas, emitió certificados de posesión para 22 personas y promovió servicios básicos dentro de un predio que el juzgado reconoció como propiedad privada del demandante.

Uno de los hechos más cuestionados es que la municipalidad fue declarada rebelde durante el proceso, es decir, no habría ejercido oportunamente su defensa conforme a las reglas procesales.

La sentencia también señala que la comuna actuó sobre un terreno privado como si se tratara de un bien estatal, situación que finalmente originó responsabilidad civil y el pago de una indemnización.

No apelaron y la sentencia quedó consentida

Posteriormente, la sentencia quedó consentida al no presentarse un recurso impugnatorio dentro del plazo legal.

Esta situación ha provocado fuertes críticas contra la Procuraduría Municipal. Ciudadanos y personas vinculadas a la asociación afectada se preguntan por qué no se apeló, por qué no se agotaron los mecanismos de defensa y por qué los posesionarios no fueron incorporados al proceso para exponer su posición.

A ello se suma una nueva resolución judicial que aprobó el pago de S/ 29 263,02 por intereses legales, requiriendo a la Municipalidad de Samegua cancelar el monto bajo advertencia de iniciarse una ejecución forzada.

La controversia crece porque, según lo señalado públicamente por Renso Quiróz, la comuna ya habría pagado anteriormente más de S/ 100 mil a favor de Robledo.

Un terreno, 22 posesionarios y una historia aún discutida

Integrantes de la Asociación de Extrabajadores de Entel Perú sostienen que el terreno habría sido destinado originalmente a varios extrabajadores como compensación y cuestionan que finalmente apareciera inscrito a nombre de una sola persona.

Los posesionarios afirman que ocuparon el predio, construyeron sus viviendas y solicitaron constancias de posesión para acceder a los servicios de agua y electricidad.

Sin embargo, la sentencia judicial reconoce que el inmueble se encontraba inscrito como propiedad de Wilmer Robledo. Por ello, cualquier cuestionamiento sobre el origen, transferencia o mejor derecho de propiedad deberá ser resuelto en los procesos judiciales correspondientes y no únicamente mediante declaraciones públicas.

El beneficiario del juicio ahora busca tachar a Renso Quiróz

La controversia tomó un giro político cuando Robledo presentó ante el Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto una tacha contra la candidatura de Renso Quiróz.

En el documento sostiene que el exalcalde tendría un impedimento legal por la sentencia civil y que podría existir una acción de repetición para recuperar el dinero pagado por la municipalidad. El pedido busca excluir definitivamente al candidato del proceso electoral.

Quiróz rechazó la acusación y aseguró que no tiene una sentencia ni una deuda personal con la comuna. También afirmó que la demanda fue dirigida contra la Municipalidad de Samegua como institución y no contra él como persona natural.

“Buscan descalificarme con mentiras, pero seguiremos adelante con una campaña limpia, transparente y basada en propuestas”, declaró.

Para sus seguidores, la tacha no sería casual y tendría como objetivo retirarlo de la contienda electoral. No obstante, esta afirmación aún no ha sido acreditada por ninguna autoridad.

¿Hubo negligencia, una mala defensa o algo más?

El caso deja varias interrogantes que las autoridades municipales deberían responder:

¿Por qué la Municipalidad de Samegua fue declarada rebelde? ¿Por qué no se apeló la sentencia? ¿Quién tomó la decisión de no cuestionar el fallo? ¿Por qué no se incorporó a los posesionarios? ¿Qué funcionarios participaron en la defensa del proceso? ¿La municipalidad inició acciones para determinar responsabilidades por el perjuicio económico?

También corresponde aclarar si existe realmente una acción de repetición contra Renso Quiróz o si se trata únicamente de un pedido presentado por el ciudadano que formuló la tacha.

Constancias de posesión bajo sospecha política

En paralelo, surgieron denuncias sobre un presunto uso político de las constancias de posesión que actualmente entrega la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial.

Según las acusaciones, estos documentos podrían estar siendo utilizados para ganar respaldo político y favorecer a un candidato en Samegua.

Hasta el momento, no existe una resolución de la Contraloría, del Ministerio Público o de una autoridad electoral que confirme dicha acusación. Sin embargo, por tratarse de servicios municipales entregados durante una campaña, corresponde garantizar absoluta transparencia y neutralidad.

La palabra ahora la tienen las autoridades

La Municipalidad Distrital de Samegua y su Procuraduría deben explicar públicamente cómo se condujo el proceso judicial, quiénes asumieron la defensa y por qué se permitió que la sentencia quedara consentida.

Asimismo, el Jurado Electoral Especial deberá determinar si la tacha contra Renso Quiróz tiene sustento legal o si los argumentos presentados no constituyen un impedimento para postular.

Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas sobre un proceso que costó recursos públicos y que ahora, además, amenaza con convertirse en uno de los principales escándalos de la campaña electoral en Samegua.