Una reciente encuesta nacional de Datum para el Centro Wiñaq reveló que el 73.8 % de los peruanos considera que la minería ilegal influye negativamente en las decisiones del Congreso. Solo un 5.2 % piensa que no hay influencia alguna, mientras que el 70.2 % cree que los parlamentarios reciben dinero del sector para aprobar normas que beneficien a los mineros informales.
La mayoría de ciudadanos asocia esta influencia con corrupción y pérdida de confianza en las instituciones. El 54.6 % de los encuestados indicó que votaría por candidatos que impulsen restricciones a la minería informal, reflejando un rechazo a las recientes decisiones legislativas, como la ampliación de plazos de formalización.
Además, el 67.9 % de la población relaciona esta actividad con el aumento del crimen, ya sea en sus zonas o a nivel nacional. El 48.2 % lo atribuye a un impacto en todo el país, mientras que el 19.7 % señaló afectaciones directas en su propia área. Solo un 8 % considera que la minería ilegal no afecta la seguridad ciudadana.
También se percibe un alto costo ambiental. El 65.8 % de los encuestados afirma que la minería informal fomenta la violencia y contamina el entorno, frente a solo un 16.9 % que la ve como una fuente de empleo sin mayor impacto ambiental. La opinión pública mayoritaria respalda restricciones urgentes al avance de esta actividad.
