A decir de muchos economistas, en el Perú las grandes empresas se rigen en gran parte por lo que se denomina “economía de mercado”, que es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado. Sin embargo, creo que al Estado le corresponde el derecho e incluso la tarea de intervenir activamente dondequiera que se produzcan hechos que atenten contra el bien común y sean irracionales.
Hagamos un poco de historia. El 11 de noviembre de 1954, el Supremo Gobierno, presidido por Odría, celebraba un convenio con la SPCC “para la exploración de Toquepala y Quellaveco; indicándose, entre otros acuerdos, que en una segunda etapa se prolongaría el ferrocarril industrial de Toquepala hasta las minas de Quellaveco”.
Sin embargo, en 1972, bajo el Gobierno de Velasco, el Estado recuperó Quellaveco aduciendo que la SPCC no había cumplido con las exigencias de operaciones establecidas por la Ley Normativa de Minería, siendo asignado el proyecto a Minero Perú, que continuó con los estudios de trabajo y exploración.
Luego, en diciembre de 1992, Quellaveco fue el segundo activo en ser privatizado en un concurso realizado el 19 de diciembre de 1992, que ganó la filial de Anglo American, la chilena Mantos Blancos, que ofreció un monto de US$ 12.8 millones (pagados en tres cuotas: US$ 3´600,000 al contado y dos cuotas anuales de US$ 4´200,000 (con un interés del 6% anual sobre el saldo) y el compromiso de inversión de US$ 562 millones en el proyecto. El contrato de entrega de la concesión se celebró en febrero de 1993 (la SPCC había ofrecido US$ 10’790.00).
Ahora bien, ocurre que hoy, tras diversas tratativas, no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio entre ambas empresas, obligando a que Anglo American Quellaveco esté considerando llevar su producción de concentrados mediante camiones hasta el puerto de Ilo con el consiguiente riesgo de accidentes, dado que utilizaría la carretera Panamericana; lo que, además, implica elevar sus costos con el ulterior perjuicio para el Estado y la región, dado que habrían menos ganancias, lo que conlleva a recaudar menos impuestos.
Por todo lo anterior, sería conveniente que el Estado interponga sus buenos oficios, en procura de lograr un entendimiento racional satisfactorio entre ambas empresas para la utilización por Quellaveco de la línea férrea de la SPCC. Acuerdo que, teniendo como marco el denominado “bien común”, permitiría que ganen ambas empresas, que gane el Estado al recaudar más impuestos y, sobre todo, que los habitantes de la región vean y sientan que, aparte de haber menores riesgos ambientales, habría mayor incremento del canon minero.
Sin embargo, tengo dudas respecto a una respuesta positiva por parte de la actual administración de la SPCC, la cual no cesa de cometer crasos errores que hacen que su imagen no sea la más adecuada; esto se refleja en el rechazo a la posibilidad de continuar con el proyecto denominado Tía María, que muy fácilmente puede convertirse en Abuela.
*Fuente: Diario La República
