El Ministerio Público y el Poder Judicial abrieron una investigación formal y dictaron medidas de protección contra el fiscal provincial de Ilo, Carlos Alberto Vicuña Simeón, tras ser denunciado por el presunto delito de acoso sexual en agravio de dos jóvenes asistentas administrativas contratadas bajo el régimen CAS que laboraban bajo su subordinación directa.
La carpeta fiscal, impulsada tras la intervención del sindicato de trabajadores (SITRAMINP) y elevada ante la Fiscalía de la Nación, recoge graves evidencias que incluyen mensajes de WhatsApp inapropiados, hostigamiento laboral, entrega de obsequios rechazados, comentarios lascivos sobre la vestimenta, exhibición de lencería en catálogos y acercamientos físicos no consentidos.
Aprovechando su posición de poder para influir en la renovación de contratos, el fiscal habría tomado represalias incrementando la carga laboral de las víctimas ante sus reiteradas negativas, lo que llevó al Juzgado de Familia de Ilo a prohibirle de forma estricta acercarse o comunicarse con una de las afectadas
