La declaratoria de emergencia para 17 de los 20 distritos de Moquegua tras advertirse un peligro inminente por déficit hídrico traslada ahora la responsabilidad a las autoridades regionales y locales: convertir la declaratoria en acciones concretas antes de que el problema se traduzca en escasez de agua y afecte a la población y las actividades productivas.
El Ejecutivo estableció un plazo de 60 días calendario para que las entidades comprendidas adopten medidas de reducción del riesgo, así como acciones de respuesta y rehabilitación que resulten necesarias. El desafío para las autoridades será definir cuáles son las intervenciones prioritarias, ejecutarlas oportunamente y evitar que el periodo de emergencia transcurra sin resultados concretos.
La declaratoria comprende a los 11 distritos de General Sánchez Cerro —Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga— y a los seis distritos de Mariscal Nieto: Carumas, Cuchumbaya, Moquegua, Samegua, San Cristóbal y Torata. En conjunto, son 17 de los 20 distritos del departamento; los tres distritos de la provincia de Ilo —Ilo, El Algarrobal y Pacocha— no están comprendidos en la medida.
El riesgo está relacionado con la posibilidad de que las precipitaciones durante el periodo de lluvias 2026-2027 no sean suficientes para garantizar la disponibilidad de agua. Por ello, la respuesta no debería limitarse a atender una eventual emergencia cuando el recurso ya sea escaso, sino a ejecutar medidas preventivas que permitan reducir sus posibles efectos.
Entre las prioridades se encuentran la protección de las fuentes de agua, el abastecimiento para la población y la atención de las actividades agrícolas y ganaderas, que podrían verse directamente afectadas por una menor disponibilidad del recurso. La planificación y ejecución de estas medidas adquieren especial importancia en las zonas rurales, donde la dependencia del agua para las actividades productivas es mayor.
