El 9 de junio de 2025, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una resolución que podría marcar un antes y un después en la lucha por el agua y el medio ambiente en el sur del país.
El tribunal declaró fundada en parte la medida cautelar solicitada por Robinson Nicolás Cansani Choque, quien denunció la contaminación causada por la unidad minera Florencia Tucari de la empresa Aruntani S.A.C..
La Sala ordenó que la minera ejecute de manera inmediata y urgente la limpieza del río Tambo y de sus afluentes, retirando los sedimentos contaminantes bajo supervisión del OEFA, la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente.
El río convertido en amenaza
El expediente describe con crudeza la magnitud del daño: los ríos Margaritani, Apostoloni, Queullijahuire, Aruntaya, Titire y Coralaque arrastran desechos mineros tóxicos hasta desembocar en el río Tambo, la principal fuente de agua para decenas de comunidades en Moquegua y Arequipa.
Un informe del OEFA del 2020 ya había alertado la presencia de metales pesados como arsénico, aluminio, hierro, manganeso y zinc en concentraciones que superan los límites máximos permisibles. Estudios posteriores confirmaron que incluso se ha detectado arsénico en la orina de habitantes de la cuenca.
“Esto no es solo un problema ambiental, es un problema de salud pública”, advierten especialistas, subrayando que la contaminación afecta no solo el agua, sino también los cultivos, el ganado y la biodiversidad de la zona.
Suspensión del Proyecto San Gabriel
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la suspensión provisional de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas (2017 y 2022) que permitieron avanzar con el Proyecto Minero San Gabriel, a cargo de la Compañía de Minas Buenaventura.
El tribunal señaló que la continuidad de proyectos extractivos no puede darse mientras no se asegure la mitigación de la contaminación ya existente.
Responsabilidad y advertencia
La resolución enfatiza que el incumplimiento de la orden judicial podrá generar responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios encargados. Incluso se ha dispuesto que el Ministerio Público supervise la conducta de las autoridades competentes.
“Los pueblos no pueden esperar más. El río Tambo es vida para nosotros, no un desagüe minero”, declaró un dirigente local tras conocer el fallo.
Un precedente para la defensa ambiental
Este fallo representa un hito en la defensa de los derechos ambientales en el sur del Perú. Por primera vez, una corte ordena de forma directa a una minera ejecutar medidas inmediatas de remediación ambiental, bajo amenaza de sanción.
El caso Aruntani abre una nueva ventana de esperanza para las comunidades afectadas por la contaminación del río Tambo, que llevan años reclamando justicia y el respeto a su derecho al agua limpia y a la vida.
