El informe también fue remitido a la gobernadora Gilia Gutiérrez, con recomendaciones para reforzar el control interno y supervisar la ejecución de obras por administración directa.
La Contraloría General dispuso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra exfuncionarios y servidores del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, por la construcción irregular de accesos carrozables en el marco del proyecto de rescate arqueológico de las Lomas de Ilo.
El ente de control emitió el 3 de setiembre, el informe de auditoría 044-2025-2-5347 del Órgano de Control Institucional (OCI) donde advirtió que un total de 5 exservidores ocasionaron un perjuicio económico al Estado de S/ 1 millón 307 mil, al planificar y autorizar la ejecución de 20 kilómetros de accesos carrozables que resultaron innecesarios para los trabajos de rescate arqueológico de las Lomas de Ilo
La irregularidad se originó en que los accesos carrozables se levantaron con el pretexto de facilitar los trabajos del rescate arqueológico de las Lomas de Ilo. No obstante, dichos trabajos ya se realizaban utilizando la carretera costanera Ilo–Tacna y un camino paralelo a la vía férrea de Southern. Pese a que las labores de campo concluyeron en noviembre de 2021, las obras continuaron hasta diciembre de 2022, alcanzando apenas seis kilómetros, varios de ellos sobre propiedad privada, lo que terminó beneficiando a terceros.
Entre los implicados figuran Nelson Ramos Rosales (director y residente del proyecto), Nathaly Benites Morales, Anny Zegarra Arenas y Zaira Mendoza Eustaquio (inspectoras), así como Antonio Salinas Pauro (exgerente de infraestructura). Todos ejercieron funciones entre el 2021 y 2022. Y de acuerdo al informe no realizaron la entrega formal de sus cargos, lo cual puso en riesgo la documentación e información vinculada al proyecto.
La jefa del OCI, Mónica Velásquez Astete, remitió el informe a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez, recomendando además reforzar el control interno en la entrega y recepción de cargos, evaluar la pertinencia de modificaciones presupuestales y supervisar con mayor rigor la ejecución de obras por administración directa.
