La representante de la sociedad civil, Katerine Maldonado, informó desde Lima que existe gran preocupación entre los dirigentes y autoridades de Moquegua ante el reciente cambio del viceministro de Energía y Minas, lo que podría significar —una vez más— volver a explicar desde cero la grave problemática ambiental que afecta a la región por la contaminación de la cuenca del río Coralaque.
Maldonado señaló que la delegación moqueguana llegó a la capital para sostener una reunión previa con autoridades nacionales, donde se buscará exigir la emisión de una norma de excepción que permita ejecutar de inmediato acciones de mitigación y cierre de pasivos mineros, tal como ocurrió en su momento con Petroperú y durante emergencias por desastres naturales en el norte del país.
Indicó que actualmente ya se cuenta con cuatro Términos de Referencia (TDR) para trabajos de mitigación, dos de ellos ya desarrollados por la empresa Ausenco, pero que hasta el momento no se tiene claridad sobre el cronograma, el presupuesto real ni quién ejecutará los trabajos, lo que genera desconfianza en la población.
Asimismo, cuestionó que el Ministerio de Energía y Minas insista en impulsar un proyecto de ley solicitando más presupuesto para Activos Mineros (AMSAC), cuando —según afirmó— ya se ejecutaron 21 millones de soles sin resultados visibles en la remediación de la zona.
La dirigente alertó que más de 6 mil niños en la región presentan presencia de arsénico en el organismo, y que de los 21 distritos de Moquegua, solo tres cuentan con agua realmente potable, mientras el resto consume agua con riesgo para la salud.
“Moquegua no puede seguir produciendo cobre mientras nuestras fuentes de agua siguen contaminadas. No se puede hablar de nuevas inversiones mineras cuando no se sabe cerrar las minas existentes”, enfatizó.
Maldonado también señaló que la reunión prevista inicialmente en la PCM fue cambiada de sede al Ministerio de Energía y Minas, y que aún no se confirma la presencia del premier, lo que genera incertidumbre sobre la seriedad del encuentro.
Frente a ello, la sociedad civil ha solicitado una reunión previa con las autoridades regionales y alcaldes para unificar una posición firme.
Advirtieron que, de no existir compromisos claros y documentos concretos, radicalizarán sus medidas de protesta.
Finalmente, reiteró el pedido para que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación intervengan en la región con campañas de tamizaje a escolares y programas de educación sobre el uso seguro del agua, tal como recomiendan informes de la Defensoría del Pueblo y OEFA.
“Este ya no es un problema solo de Sánchez Cerro, es un problema regional y nacional. No podemos seguir esperando mesas de diálogo que no resuelven nada”, concluyó
