Autoridades de la provincia General Sánchez Cerro denunciaron que, durante el actual periodo de gobierno nacional, el Ejecutivo no ha destinado ni un sol en inversión directa para la provincia, pese a las múltiples necesidades en infraestructura, salud, educación y atención de emergencias.
La alcaldesa provincial, Flerida Vari Mesa Ramos, señaló que, a lo largo de su gestión, se realizaron reiteradas solicitudes y gestiones ante distintos ministerios, sin que ello se traduzca en obras o transferencias presupuestales concretas desde el nivel central del Estado.“Ni un solo sol del Ejecutivo nacional ha llegado para inversión directa a General Sánchez Cerro. Lo poco que se ha logrado ha sido a través de programas específicos o convenios puntuales, pero no por decisión política del gobierno central”, sostuvo la autoridad.
Gestiones sin resultados y proyectos paralizadosVari explicó que la falta de apoyo del Ejecutivo ha generado retrasos en proyectos prioritarios, especialmente en infraestructura vial, saneamiento y obras de impacto social, obligando a la municipalidad a depender casi exclusivamente de recursos limitados como el canon y transferencias condicionadas.
Indicó que incluso proyectos con expediente técnico y convenios suscritos enfrentan demoras prolongadas, afectando directamente a la población de distritos y centros poblados, sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso.
Impacto en servicios y atención a la poblaciónLa alcaldesa advirtió que esta situación limita la capacidad de respuesta frente a emergencias por lluvias, deterioro de vías, problemas de acceso a servicios básicos y necesidades urgentes en educación y salud.“No pedimos privilegios, pedimos trato justo. Somos parte del país y también tenemos derecho a inversión pública”, remarcó.
Llamado al Gobierno CentralFinalmente, la autoridad provincial exhortó al Ejecutivo nacional a mirar al interior del país y atender las demandas de provincias como General Sánchez Cerro, que —según indicó— siguen siendo postergadas pese a cumplir con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por el Estado.
La población espera que esta situación sea corregida y que el gobierno central asuma un compromiso real con el desarrollo de las provincias altoandinas de la región.
