La minería ilegal continúa expandiéndose a ritmo acelerado. En 2025, las exportaciones de oro de origen ilegal alcanzaron un nuevo máximo, superando las 100 toneladas por primera vez. El IPE estima que estos envíos sumaron 104.3 toneladas, equiparando virtualmente a las exportaciones de oro legal (104.7 toneladas), es decir, de todo el oro exportado desde el país en 2025, el 49.9% corresponde a oro de origen ilegal.
Los elevados precios internacionales, junto con la incapacidad del Estado para combatirla, incentivan esta actividad ilícita. El precio del oro alcanzó un máximo histórico en 2025, promediando más de US$ 3,400 por onza, casi el doble del nivel registrado hace cinco años y el triple que hace una década. En lo que va del 2026, ya se registra un precio promedio de alrededor de US$ 4,800 por onza y, según JP Morgan y Reuters, el precio podría mantenerse en US$ 4,400-4,500, lo que marcaría un alza de 30% frente al 2025.
Como resultado, el tamaño económico de la minería ilegal se ha incrementado de forma exponencial. En 2025, el valor de las exportaciones de oro de origen ilegal superó los US$ 11,500 millones, 55% más que en 2024. Así, se consolida como la economía ilegal que más dinero mueve, duplicando la magnitud de otras actividades ilícitas como el narcotráfico.
Para 2026, al ritmo de crecimiento de producción de oro ilegal de los últimos años y con el alza esperada de los precios, la minería ilegal de oro ilegal representar, haciendo estimaciones conservadoras, más de US$ 15 mil millones.
La minería ilegal prolifera bajo el amparo legal del Reinfo, cuyo plazo de vigencia fue prorrogado por quinta vez hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde su creación en 2016, de un total de casi 90 mil inscripciones, apenas el 2% culminó el proceso de formalización, según cifras del Minem. Así, previo al proceso de exclusión de más de 50 mil registros suspendidos en julio de 2025 por no cumplir con los requisitos mínimos, cabe decir que 8 de cada 10 inscripciones se encontraba suspendida. A la fecha, todavía cerca de 9 mil de los 31,600 registros está en estado suspendido. Peor aún, al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, múltiples operaciones de mineros informales se han extendido, afectando severamente zonas restringidas para la minería (áreas naturales protegidas, reservas indígenas, zonas arqueológicas, entre otros), unidades mineras formales en operación (Poderosa en Pataz y Las Bambas en Apurímac), y áreas de proyectos mineros en cartera, (Conga y Michiquillay en Cajamarca, Los Chancas y Haquira en Apurímac).
Cadena de comercialización y trazabilidad
El avance de la minería ilegal ocurre en un contexto de limitada capacidad estatal para prevenir, supervisar y sancionar esta actividad. La ausencia de mecanismos efectivos de trazabilidad del mineral facilita que el oro de origen ilegal se inserte en cadenas formales de comercialización.
Además, la alta vulnerabilidad del aparato estatal a la corrupción y la falta de conocimiento de la problemática de las diversas entidades responsables también favorece la expansión de esta actividad ilícita.
Ante este contexto, las fases posteriores a la extracción, particularmente la comercialización y el procesamiento, han adquirido un rol central en la expansión del oro ilegal. El número de empresas vinculadas a la compra, venta y procesamiento ha seguido la trayectoria del precio del metal. Solo en 2025 se crearon, en promedio, tres nuevos registros de empresas procesadoras y dos de comercializadoras cada día, el triple y el doble que en 2019.
Esta dinámica se ha intensificado en 2026. En lo que va del año, el ritmo de creación de registros de empresas procesadoras se ha duplicado respecto a 2025: actualmente se constituyen, en promedio, seis nuevas empresas por día. En ausencia de sistemas robustos de control y trazabilidad, este crecimiento amplía los canales potenciales para que el oro de origen ilegal se mezcle con producción formal y llegue a los mercados de exportación.
En paralelo, la producción formal de oro en el país muestra una tendencia decreciente. La producción reportada al Ministerio de Energía y Minas pasó de más de 157 toneladas en 2002 a poco más de 99 toneladas a noviembre de 2025, lo que representa una caída superior al 37% en poco más de dos décadas.
Esta contracción se explica principalmente por la reducción en la producción de los titulares del régimen general minero (gran y mediana minería), cuya producción se ha reducido 43% en el mismo periodo. Esta caída responde, en buena medida, al agotamiento progresivo de reservas en yacimientos emblemáticos como Yanacocha, en Cajamarca, y Lagunas Norte, en La Libertad, que durante años concentraron una parte significativa de la producción aurífera nacional. El número de titulares bajo este régimen también descendió, de 96 a 81 en los últimos veinte años, según datos del Minem.
En contraste, la producción asociada a titulares del régimen de pequeño productor ha crecido de manera sostenida. Mientras que en 2002 estos productores reportaban poco más de 320 kilos, en 2025 alcanzaron cerca de 20 toneladas, es decir, más de 60 veces su nivel inicial. Ese año, concentraron aproximadamente un quinto de la producción total de oro del país.
El aumento en la producción del régimen de pequeño productor ha estado acompañado de un crecimiento significativo en el número de titulares inscritos: de 62 en 2005 a 228 en 2025, casi cuatro veces más. Destaca, además, que siete titulares que operan bajo este régimen se ubican actualmente entre los 25 principales productores del país reportados por el Minem. De estos, al menos tres se presentan como empresas dedicadas principalmente al acopio y procesamiento de oro a gran escala mediante plantas procesadoras propias.
La supervisión y fiscalización de estos titulares recae en las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM). Sin embargo, estas entidades no necesariamente cuentan con la capacidad técnica, operativa ni presupuestal suficiente para ejercer un control efectivo, especialmente en regiones con alta dispersión geográfica y elevada presencia de minería informal e ilegal. Esta limitación institucional ha sido evidente en el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) a través del Reinfo, cuya implementación estuvo a cargo de dichas direcciones y cuyos resultados han mostrado ser un claro fracaso.
En un contexto en el que la minería ilegal no solo afecta operaciones en marcha, sino también proyectos mineros por al menos US$ 12 mil millones (Michiquillay y Conga en Cajamarca; Los Chancas y Haquira en Apurímac), limitando la recuperación de la producción formal, resulta indispensable una respuesta estructurada del Estado.
De ejecutarse los proyectos en cartera del Minem con cronograma definido hasta 2032, la producción de oro podría incrementarse tan solo alrededor de 4%. Si además se viabilizaran las inversiones actualmente sin fecha establecida, el aumento potencial alcanzaría hasta el 55%.
En este escenario, enfrentar la minería ilegal exige un liderazgo claro y sostenido, que parta por el cierre definitivo del Reinfo, recupere la presencia efectiva del Estado en los territorios afectados e implemente una estrategia integral de trazabilidad del oro, con especial énfasis en el control de plantas procesadoras y empresas comercializadoras.
