El expresidente de la República Ollanta Humala abandonó el penal de Barbadillo la noche del viernes 31 de julio, luego de que el Poder Judicial ordenara su inmediata excarcelación en cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
El máximo órgano constitucional declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del exmandatario y anuló el proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con los aportes recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
La resolución dejó sin efecto la condena de 15 años de prisión que Humala cumplía desde abril de 2025. El Tribunal Constitucional consideró que se vulneraron derechos fundamentales y cuestionó la aplicación de una figura penal que no se encontraba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados.
A su salida del establecimiento penitenciario, Ollanta Humala afirmó ante los medios de comunicación que él, su esposa Nadine Heredia, su familia y el Partido Nacionalista fueron víctimas de una persecución política y judicial.
“Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”, manifestó el exmandatario, quien calificó su encarcelamiento como una situación ilegal promovida por determinados actores del sistema de justicia.
Humala también señaló que el proceso ocasionó que su esposa solicitara asilo en Brasil y que sus hijos salieran del país. Asimismo, anunció que buscará que se determinen responsabilidades por su detención y por los daños ocasionados a su familia.
El expresidente permaneció recluido durante más de un año en el penal de Barbadillo. Su liberación se concretó después de que el Poder Judicial ejecutara la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las actuaciones judiciales y la condena dictada en su contra.
