Tras su primera sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori prepara un pedido de facultades legislativas al Congreso para modificar normas vinculadas con la inversión, la simplificación administrativa y la gestión ambiental. La propuesta sería presentada por el gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. ([Gestión][1])
Entre las medidas contempladas figura la reducción de los plazos para aprobar instrumentos ambientales, la uniformización de criterios, la simplificación o eliminación de determinados requisitos y una mayor aplicación del silencio administrativo positivo. Esto significaría que, en los procedimientos que sean incluidos en esta modalidad, una solicitud podría considerarse aprobada si la entidad responsable no responde dentro del plazo establecido. ([Gestión]
El documento también plantea incorporar mecanismos basados en la presunción de veracidad, mediante los cuales la información y documentación entregada por las empresas serían consideradas ciertas inicialmente, sin perjuicio de una fiscalización posterior por parte del Estado.
Según la iniciativa, el objetivo es “armonizar la protección con el desarrollo de actividades productivas”, facilitar las inversiones y reducir las barreras burocráticas. Sin embargo, la propuesta podría generar debate respecto a los controles necesarios para prevenir daños ambientales y garantizar que la reducción de trámites no debilite la fiscalización.
La medida todavía no se encuentra vigente, pues el pedido de facultades deberá ser presentado y evaluado por el Congreso de la República.
