El Gobierno peruano prorrogó por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, con el fin de continuar la lucha contra la minería ilegal y las redes criminales vinculadas. La medida, oficializada mediante decreto supremo, implica nuevas restricciones a derechos como la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio y la reunión sin permiso previo.
Esta decisión responde al avance de organizaciones criminales que operan con armamento y logística sofisticada, y que han desatado una ola de violencia en la zona. Desde que se activó el Comando Unificado entre Fuerzas Armadas y PNP, se han realizado más de mil operativos y patrullajes, generando pérdidas superiores a S/ 190 millones a estas mafias.
La extensión del estado de emergencia permite mantener el toque de queda nocturno y operativos sin orden judicial. Sin embargo, instituciones de derechos humanos advierten que estas acciones deben ejecutarse con respeto al debido proceso y bajo mecanismos de control, para evitar excesos o abusos en la intervención.
Mientras tanto, autoridades locales mantienen posturas divididas: algunos respaldan la presencia militar, pero otros reclaman al Ejecutivo una estrategia más amplia que incluya formalización minera, desarrollo económico alternativo y una salida sostenible al problema. La solución, coinciden expertos, no puede ser solo represiva.
