La reciente historia de vacancias y sucesiones obliga a mirar con lupa a los vicepresidentes, entre los que figura una postulante cuya formación no supera el nivel escolar.
El suspenso por la definición de la segunda vuelta presidencial en Perú vuelve a poner en primer plano el perfil de los candidatos a la vicepresidencia, figuras que, debido a la inestabilidad política de la última década, han terminado en más de una ocasión ocupando la jefatura del Estado tras vacancias presidenciales o destituciones.
En ese contexto, el historial y la preparación de los vicepresidentes adquieren un peso decisivo para los electores, que han visto cómo el país ha sido gobernado por vicepresidentes o titulares del Congreso en lugar de los presidentes elegidos en las urnas.
La fórmula de Keiko Fujimori lleva como primer vicepresidente a Luis Fernando Galarreta, ex presidente del Congreso y actual parlamentario andino.
Galarreta, quien nació con una discapacidad congénita, estudió Administración Bancaria en el Instituto San Ignacio de Loyola y es bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente cursa una maestría en Comunicación y Marketing Político en UNIR. Su carrera política incluye tres periodos como congresista y cargos de liderazgo dentro de Fuerza Popular.
Ha estado envuelto en polémicas durante su gestión como presidente del Congreso en 2017, cuando se cuestionaron adquisiciones realizadas por el Parlamento bajo su dirección. Entre los gastos observados figuraron la compra de televisores, frigobares y arreglos florales, que generaron críticas por presuntos sobrecostos.
El candidato a la segunda vicepresidencia es Miguel Ángel Torres, abogado por la Universidad de Lima y docente universitario, con maestría en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Piura. Fue congresista entre 2016 y 2021 y actualmente postula también al Senado.
Durante este proceso electoral, Torres enfrentó cuestionamientos por no declarar en su hoja de vida una empresa en la que figuraba como representante legal, pese a que la misma se encontraba inactiva desde hacía más de 10 años. El caso generó acusaciones de información incompleta o falsa ante el Jurado Electoral Especial, pero finalmente fue archivado ya que la normativa no obligaba a declarar empresas sin actividad comercial ni movimientos recientes.
