La presidenta Dina Boluarte promulgó hoy una de las leyes más polémicas de su gestión: la amnistía para policías, militares y miembros de comités de autodefensa acusados de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980–2000).
La norma, respaldada por congresistas fujimoristas, ultraconservadores y mandos castrenses, fue firmada pese a la advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó suspender su aplicación y convocó a Boluarte a una audiencia el próximo 21 de agosto.
Expertos han comparado esta medida con la amnistía aprobada en los años 90 por el entonces presidente Alberto Fujimori, señalando que podría blindar a responsables de crímenes de lesa humanidad como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos que la Corte IDH ha establecido como no susceptibles de amnistía.
Organismos de derechos humanos advierten que el Perú estaría incurriendo en desacato a sus obligaciones internacionales y denuncian que el gobierno estaría consolidando un “pacto de impunidad” con sectores militares y policiales que respaldan a la mandataria.
