En su reciente mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte evitó referirse con claridad a uno de los principales problemas que enfrenta el país: la minería informal e ilegal. A pesar de que esta actividad está estrechamente vinculada al crimen organizado y al dominio del negocio del oro, la mandataria apenas la mencionó seis veces, el mismo número de veces que se refirió a los “pequeños mineros artesanales”.
Mencionó la aprobación de una estrategia nacional que busca reducir e intervenir esta actividad hasta el 2030, así como la realización de operativos en zonas como Pataz (La Libertad) y Madre de Dios, los cuales habrían golpeado a organizaciones criminales por un monto superior a los 181 millones de soles.
Este limitado enfoque podría explicarse por la necesidad de Boluarte de no generar fricciones con su base de respaldo en el Congreso, compuesta por legisladores que tienen vínculos con el sector minero. Son estos mismos congresistas quienes impulsaron y aprobaron el controvertido Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La escasa atención que el gobierno dedicó a este tema refleja una preocupante desconexión con la percepción ciudadana, ya que, según Ipsos, el 81 % de los peruanos considera a la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional y la vincula con delitos como lavado de activos, trata de personas, extorsión y deforestación.
Un sector de la población asocia cada norma que amplía la formalización minera, debilita la fiscalización ambiental o reduce sanciones al transporte de insumos con un pacto entre gobierno y estas organizaciones, que en los hechos no quieren formalizarse.
Lo cierto es que este Congreso ha aprobado en el último año, un paquete de normas que, según especialistas, representan “un retroceso de más de diez años” en la lucha contra la minería ilegal, y la presidenta Boluarte las publicó con premura. Entre ellas: la Ley 31973, que amplió plazos de formalización; la modificación de la Ley Forestal, que permite el uso de tierras en zonas de alto valor ecológico; la eliminación de sanciones penales para el transporte de insumos químicos; la reducción del presupuesto de interdicción; y la ley que debilita la Unidad de Inteligencia Financiera, dificultando el rastreo de capitales del oro ilegal.
En las próximas semanas, el Congreso debatirá una nueva Ley para la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE), que en su forma actual, según expertos, podría facilitar aún más la operación de mafias bajo el amparo de la formalización. Al relajar las exigencias ambientales, esta norma permitiría que muchas actividades ilegales se disfracen de “formalizables” sin intención real de regularizarse.
