La minería ilegal se consolida como una de las principales preocupaciones del país y un tema clave en la agenda política. Un reciente estudio de Ipsos para el colectivo País Seguro revela que el 86% de los peruanos considera que esta actividad constituye un delito, reflejando un amplio rechazo social.
El informe, titulado “Percepción hacia la minería ilegal”, muestra además que esta visión está acompañada por una fuerte preocupación sobre sus impactos. El 83% de los ciudadanos considera que perjudica al país, mientras que el 80% cree que ha influido en autoridades del Congreso y gobiernos regionales.
La percepción de vínculos con el crimen organizado también es elevada: el 78% de los encuestados señala que la minería ilegal financia estas redes, y el 72% la identifica como una amenaza directa para las familias, evidenciando su impacto no solo económico, sino también social y de seguridad.
En paralelo, crece la sensación de falta de control. El 66% de la población considera que la minería ilegal ha aumentado en el último año, y el mismo porcentaje opina que las autoridades no están tomando medidas efectivas para enfrentarla, lo que refuerza la demanda ciudadana por acciones más contundentes.
En un contexto electoral, el tema cobra aún mayor relevancia. El 73% de los peruanos considera muy importante que los candidatos adopten una postura firme contra esta actividad ilícita, posicionando la lucha contra la minería ilegal como un factor clave en la decisión de voto.
Además, persiste la preocupación por su influencia en la política: el 71% cree probable que financie campañas legislativas, el 69% campañas presidenciales y el 64% advierte un posible control político por parte de mafias vinculadas a esta actividad.
Los resultados evidencian que la minería ilegal no solo es percibida como un delito, sino como una amenaza estructural que impacta en la economía, la seguridad y la institucionalidad del país, en un momento en que la ciudadanía exige respuestas más firmes del Estado.
