En Moquegua, el proyecto minero Huatipuka —impulsado por la empresa Tower and Tower S.A.— se ha convertido en el centro de una creciente controversia. Mientras diversos sectores de la sociedad civil, autoridades regionales y organizaciones ambientales exigen la revocatoria de su certificación ambiental.
El rechazo generalizado surgió al conocerse el Oficio 092-2025-SENACE-PE, sobre la suspensión del proceso de revocación de la certificación ambiental otorgada para la planta de Huatipuka; decisión de SENACE vista como arbitraria, injustificada y violatoria del marco legal.
El proyecto plantea la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos en la zona de Guaneros, distrito de San Antonio. Dicha planta recibiría y procesaría residuos del ámbito no municipal, clasificados como peligrosos y no peligrosos, provenientes de empresas mineras, petroleras, eléctricas, pesqueras e industriales de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Lejos de representar un beneficio tangible para la población local, este proyecto —que generaría millonarias ganancias para la empresa operadora— es percibido por la comunidad como una bomba de tiempo debido al alto riesgo de contaminación ambiental en el valle moqueguano, una zona agrícola estratégica para la región.
A ello se suma una preocupación creciente: algunos actores locales han denunciado que ciertos periodistas o medios de comunicación estarían aparentemente recibiendo beneficios económicos o favores por parte de la empresa responsable del proyecto, lo que pondría en duda la objetividad de la información difundida y su cobertura frente a los reclamos ciudadanos.
Estas acusaciones, que hasta el momento no han sido esclarecidas oficialmente, exigen una profunda reflexión sobre la transparencia informativa, el rol fiscalizador del periodismo regional y la necesidad de un debate público libre de intereses ocultos.
