A raíz de la reciente difusión de presuntas irregularidades en la organización del Día del Maestro y del manejo del Sub CAFAE en una institución educativa de la jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto, se ha hecho pública una citación emitida por la Oficina de Procesos Administrativos Disciplinarios de dicha entidad, que ha encendido las alarmas entre padres y docentes.
En el documento oficial, se cita a un progenitor de un menor a una entrevista en el marco de un proceso de investigación por presunta falta administrativa disciplinaria en contra de la docente Graciela Chipana Condori, a llevarse a cabo el miércoles 09 de julio en la I.E.I. N.° 265 "San Antonio de Padua". Sin embargo, según versiones recogidas, padres de familia habrían recibido llamadas telefónicas con tono amenazante, presuntamente para obligarlos a acudir a dicha entrevista sin una notificación formal previa dirigida a la docente implicada.
Según testimonios extraoficiales, esta medida habría sido impulsada tras las recientes críticas públicas contra la organización de actividades internas y la presunta mala gestión de recursos del Sub CAFAE. Se menciona que estas acciones estarían dirigidas a presionar o coaccionar a quienes han cuestionado públicamente la gestión de la UGEL, configurando así un posible caso de amedrentamiento institucional.
De acuerdo con versiones recogidas por este medio, la abogada Olga F. Soncco Chipana, firmante de la citación y trabajadora de confianza del actual director de la UGEL MN, sería una pieza clave en estas acciones. Algunas fuentes señalan que esta funcionaria ha formado parte de diferentes gestiones directivas y actualmente ocuparía un cargo estratégico. Se teme que esto pueda responder a una estructura interna de poder que busque neutralizar denuncias, lo que ha sido comparado, en términos de presunción, con una posible forma de organización destinada a blindar intereses internos.
La docente Graciela Chipana habría manifestado esta mañana que no permitirá actos de abuso de poder ni amedrentamiento en su contra, reafirmando su intención de denunciar toda posible irregularidad administrativa y proceder conforme a la ley.
Este caso se mantiene bajo investigación y hasta el momento no existe una notificación oficial dirigida a la docente que detalle el proceso que se le estaría siguiendo, lo que pone en tela de juicio la legalidad y transparencia de las acciones emprendidas por la UGEL en este contexto.
