Un grupo de efectivos de la Policía Nacional del Perú presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua contra el general PNP José Luis Ramos Micalay, jefe de la Región Policial Moquegua; el coronel PNP Javier Gregorio Cruces Gamero, jefe de Estado Mayor; y las suboficiales PNP Yesesia Mamani Checania y Natividad Machaca Pérez, integrantes del Área de Educación y Doctrina, por presuntas irregularidades en el desarrollo del denominado “Curso de Control de Multitudes” (USE).
Según la denuncia, el curso fue inaugurado de manera sorpresiva el pasado 29 de abril de 2026 en el auditorio y patio de honor de la Región Policial de Moquegua, donde 35 efectivos habrían sido obligados a participar bajo amenazas y advertencias de sanciones, sin convocatoria, inscripción voluntaria, selección ni evaluación física o psicológica previa.
Los denunciantes sostienen además que cada participante habría tenido que entregar más de 2 mil 500 soles en efectivo, además de otros pagos adicionales destinados presuntamente para materiales y equipos, pese a que el curso no contaría con resolución oficial emitida por la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP ni con presupuesto institucional aprobado.
Asimismo, se cuestiona que los docentes e instructores habrían sido designados directamente por el coronel PNP Cruces Gamero, sin convocatoria ni concurso, favoreciendo presuntamente a personas allegadas.
A esta denuncia se sumaron los familiares de dos suboficiales, quienes reportaron presuntos abusos físicos cometidos durante las prácticas del curso por parte de cuatro coordinadores encargados del entrenamiento.
De acuerdo al testimonio de los familiares, una de las víctimas sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras realizaba ejercicios físicos, perdiendo el conocimiento y despertando posteriormente en el Hospital Regional de Moquegua sin recordar lo ocurrido y con diagnóstico reservado.
En otro caso, denunciaron que un efectivo policial recibió directamente el impacto de una bomba lacrimógena en la cara afectando directamente su cavidad bucal, hecho que le provocó la pérdida de tres dientes y lesiones de consideración.
Los familiares manifestaron su preocupación por la situación que vienen atravesando los efectivos policiales y señalaron que, según les habrían informado los participantes, los agentes son obligados a asistir a estos cursos bajo amenazas de sanción en caso de negarse.
Ante estos hechos, solicitaron la inmediata intervención de la Fiscalía Anticorrupción y de las autoridades correspondientes para investigar posibles delitos de abuso de autoridad, coacción y colusión, además de esclarecer las lesiones sufridas por los suboficiales durante el desarrollo del curso especializado.
