Periódico El Rotativo: 04-11-2026.- Negarse a salvar una vida humana les puede costar la “baja” y la libertad. Negarle auxilio inmediato al exalcalde distrital de Cuchumbaya, Armando Froilán Romero Torres, cuando lo estaban ultimando a palos y puntapiés, podría dejarlos sin chamba y enjuiciados penalmente a los efectivos aparentemente indolentes de la Comisaría de Carumas.
Por el momento se desconoce nombres, apellidos y grado de los efectivos policiales que la mañana del 31 de octubre, estando de servicio y pudiendo evitar el mortal desenlace, se hicieron los de la vista gorda, alegando cuestiones injustificadas.
RESUMEN DEL HECHO
El 31 de octubre de 2026, Regina Calizaya Tala, con el rostro ensangrentado, a bordo de un vehículo particular, llegó a la Comisaría de Carumas suplicando auxilio para que su esposo Armando Froilán Romero Torres no muera en manos de sus hermanos que lo estaban masacrando sin piedad en el centro poblado de Sacuaya.
Según la denunciante, los policías en lugar de actuar de inmediato, primero le dijeron que no había movilidad, ni combustible; y cuando la desesperada esposa (de rodillas) les ofrece llevarlos en el vehículo particular estacionado frente a la Comisaría, los insensibles policías le habrían respondido “que no era su jurisdicción”.
BREVE ANÁLISIS
Si los efectivos policiales, al margen de la bendita jurisdicción, brindaban el auxilio inmediato ante la solicitud de la acongojada esposa, lo más probable es que hubiesen evitado que el exalcalde distrital de Cuchumbaya termine asesinado cruelmente.
Negarle auxilio inmediato a un ser humano que estaba siendo ultimado, excusándose en razones de "jurisdicción", puede generar consecuencias penales y administrativas, sabiéndose que la jurisdicción territorial pierde sentido en situaciones de emergencia, puesto que prevalece el deber de proteger la vida humana.
EFECTO PENAL
El Artículo 378 (denegación o deficiente apoyo policial) respecto al policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa justificada, la prestación de un auxilio requerido por un particular en una situación de peligro inminente para su vida, establece una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
EFECTO ADMINISTRATIVO
Dentro de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú los hechos descritos en el caso Armando Romero podrían configurar negligencia y desidia absoluta ante una emergencia crítica como falta muy grave, cuya sanción administrativa aplicable pasaría por el pase a la situación de disponibilidad o baja, independientemente al resultado del juicio penal.
SILENCIO DEL GENERAL
Ante la gravedad de los hechos denunciados por la cónyuge del extinto exalcalde de Cuchumbaya, el jefe de la región policial de Moquegua, general PNP Jorge Luis Ramos Micalay (cuyo ascenso fue cuestionado), en lugar de remojarlos en salmuera a los custodios implicados, hasta la fecha prefiere auto-encerrase en el silencio.
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