Hasta muerto, el exalcalde provincial de Mariscal Nieto, Edmundo Coayla Olivera, sigue generando sospechas en el Ministerio Público.
El titular de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios con Competencias en Lavado de Activos, Emilio Salas, busca embargar las propiedades y dinero de la extinta exautoridad. Esto porque detectó que la exautoridad dejó un desbalance patrimonial por aparente enriquecimiento ilícito.
Coayla ocupó el sillón de burgomaestre en el periodo 2007-2010. Murió a los 56 años de edad, víctima de un derrame cerebral en junio del 2015 en Arequipa.
Su gestión estuvo envuelta de una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción. Por irregularidades en la carretera Chiligua-Carumas que impulsó (2008-2009) fue sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión efectiva antes de morir.
Pero después, la Sala de Apelaciones anuló la condena. El exalcalde fue responsabilizado de favorecer a la empresa Nuevo Mundo en la ejecución de la vía. El perjuicio económico que se le atribuyó por las anomalías fue por encima de los S/ 4 millones.
Después que murió, sus familiares protagonizaron disputas por sus pertenencias. Esto llamó más la atención del fiscal quien al indagar comprobó que Coayla en 2008 tenía a su nombre cuatro inmuebles y 30 mil soles. Al pasar el tiempo obtuvo el doble de bienes. Registra nueve inmuebles (chacras y casas), así como cuatro vehículos en Arequipa y Moquegua. Asimismo se encontró dos cuentas en la cooperativa Santa Catalina, una por US$ 227 908.44 y otra por US$ 705. Además de otras dos en el BCP, una por US$ 463 y otra por US$ 17 573, la última cuenta estaba en el Banco de la Nación por 6217 soles.
En junio de este año, su hermano Antonio Coayla pidió a los bancos que el dinero de la exautoridad pase a su administración.
Al tener conocimiento de ello, el fiscal Salas en base a la Ley de Pérdida de Dominio planteó medidas cautelares para retener los bienes y el dinero. Fundamentó que estas propiedades son producto de una actividad ilícita por lo que deben pasar a la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).
El Juzgado en primera instancia dictó que sus familiares se inhiban de mover las propiedades. Respecto a las cuentas bancarias ayer se realizó una audiencia. Los magistrados decidirán si congelan las cuentas.
