El próximo gobierno deberá convocar profesionales con experiencia técnica para destrabar la cartera de proyectos mineros y enfrentar el avance de la minería ilegal, afirmó el exministro de Energía y Minas, Oliverio Muñoz. El especialista sostuvo que el Perú se encuentra ante una oportunidad por el incremento de la demanda mundial de cobre y la transición energética, pero requiere una gestión pública con mayor capacidad técnica.
Muñoz señaló que el Ministerio de Energía y Minas necesita funcionarios con experiencia práctica en el sector y no únicamente formación académica. Indicó que la falta de conocimiento especializado limita la toma de decisiones y retrasa proyectos que podrían generar mayores ingresos y empleo para el país.
El exministro sostuvo que el nuevo titular del sector debe conformar un equipo técnico capaz de impulsar nuevas operaciones mineras, ampliar proyectos existentes y resolver conflictos vinculados a la actividad extractiva. Añadió que el país cuenta con una importante cartera de cobre que podría aprovecharse en los próximos años si se reducen los tiempos para la puesta en marcha de inversiones.
Asimismo, Muñoz advirtió que la minería ilegal representa uno de los principales desafíos para la próxima administración. Señaló que el crecimiento del precio de los metales ha incentivado la expansión de actividades informales e ilegales en distintas regiones del país, donde incluso han ingresado organizaciones criminales vinculadas a la violencia y extorsión.
El exministro también cuestionó que el Perú no haya logrado convertir su riqueza minera en mejores condiciones de vida para algunas regiones productoras. Mencionó el caso de Cajamarca, una zona con importante producción de oro, pero que mantiene altos niveles de pobreza, y señaló que existe una brecha entre la generación de riqueza y la capacidad de los gobiernos para distribuir sus beneficios.
Finalmente, Muñoz destacó que el Perú tiene la posibilidad de desarrollar una cartera minera cercana a los 100 mil millones de dólares, pero sostuvo que ello dependerá de una mayor articulación entre el Estado, empresas y autoridades regionales. Según indicó, el principal reto será lograr un equilibrio entre el desarrollo de inversiones, la protección ambiental y la confianza de las poblaciones involucradas.
