Un grave caso de presunto encubrimiento y abuso de autoridad ha sido denunciado en la Unidad Desconcentrada de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) en Moquegua. El jefe regional, Darwin Mendoza Alarcón, es señalado de proteger a funcionarios involucrados en actos de negligencia y faltas disciplinarias, así como de generar un ambiente de hostigamiento laboral.
Accidente y ocultamiento de información
Según la denuncia presentada, el inspector-conductor Gerar Huber Quiroz Belizario habría colisionado un vehículo oficial de la SUTRAN (placa EAE-422) en la madrugada del 27 de febrero de 2025, dentro de una cochera alquilada por la institución. Se presume que el accidente ocurrió porque el conductor se encontraba en estado de ebriedad, tras haber asistido a una reunión social la noche anterior junto con otros inspectores, entre ellos Douglas Remigio Álvarez Quispe y Maribel Gallegos Quilla.
En un intento de ocultar el incidente, los involucrados no informaron a sus superiores inmediatos. En su lugar, notificaron directamente al jefe regional Darwin Mendoza Alarcón, quien presuntamente habría alterado la fecha del accidente para encubrir la responsabilidad del conductor y su círculo cercano. Según la denuncia, el propietario de la cochera donde ocurrió el siniestro también habría recibido presiones para cambiar la versión de los hechos y evitar entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Irregularidades en la gestión y hostigamiento laboral
Además del presunto encubrimiento, el denunciante señala que existen numerosas irregularidades en la gestión de Darwin Mendoza Alarcón, entre ellas el uso abusivo de su poder y actos de hostigamiento laboral contra el personal que intenta exponer las irregularidades.
Entre los hechos denunciados, se indica que el jefe regional permitió que la unidad vehicular accidentada siguiera siendo utilizada en operativos los días 27 y 28 de febrero de 2025, poniendo en riesgo la seguridad del personal y terceros. Asimismo, habría restringido el acceso del personal administrativo a documentos y registros internos, dificultando la transparencia de la gestión.
Solicitud de investigación y medidas disciplinarias
La denuncia solicita el inicio de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) contra los funcionarios implicados, así como la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que permitan esclarecer los hechos. Entre las pruebas mencionadas se incluyen bitácoras del vehículo accidentado, registros de GPS, videos de cámaras de seguridad, registros de peajes y declaraciones de testigos.
También se pide evaluar la posible configuración de delitos contra la administración pública, como falsedad genérica y malversación de fondos, con el fin de remitir la denuncia al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.
Se sostiene que los involucrados omitieron reportar el accidente a sus superiores y que incluso el jefe de la UD, Darwin Mendoza Alarcón, habría intentado encubrir el hecho alterando la fecha del suceso y permitiendo que la unidad vehicular accidentada siguiera en uso para operativos los días 27 y 28 de febrero.
Entre las pruebas presentadas se incluyen:
- Fotografías y videos que demostrarían la colisión del vehículo el 27 de febrero.
- Registros del GPS de la unidad vehicular.
- Reportes de ingreso y salida del personal.
- Declaraciones testimoniales de testigos.
- Registros de cámaras de seguridad de la cochera y peajes.
- Solicitudes y acciones a tomar.
La denuncia solicita el inicio de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) contra los servidores involucrados, así como la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. Además, se insta a evaluar la configuración de posibles delitos, como falsedad genérica y malversación de fondos, con el fin de remitir la denuncia al Ministerio Público.
La fuente que ha hecho llegar esta denuncia ha solicitado que su identidad se mantenga en absoluta reserva por temor a represalias. Ante la gravedad de las acusaciones, se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la gestión pública.
Se espera que las autoridades competentes inicien las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones conforme a la normativa vigente.
