Los congresistas por Moquegua, Jorge Samuel Coayla Juárez y Víctor Raúl Cutipa Ccama, fueron dos de los 87 parlamentarios que, el pasado 29 de noviembre de 2024, votaron a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un régimen que ha facilitado la proliferación de la minería ilegal y que estaría vinculado a la reciente matanza de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad.
Según el registro oficial de votaciones del Congreso, ambos legisladores moqueguanos —pertenecientes a la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo— respaldaron la prórroga del Reinfo hasta el 30 de junio del presente año, a pesar de las reiteradas advertencias sobre los efectos negativos de este mecanismo. Durante su vigencia, el Reinfo ha sido utilizado por operadores ilegales para actuar con impunidad, sin controles efectivos del Estado.
Lo contradictorio del caso es que los congresistas moqueguanos, quienes usualmente se proclaman distantes de agrupaciones como Fuerza Popular o Renovación Popular, en esta ocasión votaron en el mismo sentido que dichas bancadas, así como Avanza País, Podemos Perú, la Bancada Socialista, entre otras.
Tras el estallido mediático generado por la masacre en Pataz, muchos de estos mismos congresistas han manifestado su solidaridad con las víctimas, ignorando que respaldaron un régimen que, en los hechos, favorece a la minería ilegal, precisamente al sector involucrado en dicha tragedia. La contradicción es evidente y preocupante.
De acuerdo con información periodística, desde la implementación del Reinfo en junio de 2017, se registraron 90,265 solicitudes de formalización, pero solo 2,108 lograron formalizarse, es decir, apenas el 2.34 %. Una vez formalizados, los operadores salen del listado del Reinfo. De este modo, lejos de fomentar la legalidad, el actual régimen ha terminado por incentivar prácticas ilícitas en la minería.
