El Concejo Provincial de Mariscal Nieto aprobó por mayoría la vacancia del regidor Juan Alvarado Mamani, en una sesión extraordinaria que contó con ocho votos a favor. La medida se ampara en el artículo 22°, numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972), al haberse confirmado que Alvarado fue sentenciado por el delito de defraudación.
La decisión del concejo busca reafirmar el compromiso con la ética y la legalidad en la administración pública, pero la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo esperará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para emitir una resolución final sobre este caso?
Cabe recordar que Juan Alvarado fue hallado culpable por vender un terreno que ya había sido transferido, actuando como apoderado de su hermana en diciembre de 2021. Este hecho no solo representa un delito, sino también una grave traición a la confianza ciudadana.
Resulta alarmante que, pese a una sentencia firme y una decisión clara del concejo municipal, el JNE no haya resuelto aún el caso, prolongando innecesariamente la presencia de una autoridad cuestionada. ¿Qué mensaje se está dando a la ciudadanía? ¿Que los condenados pueden seguir ejerciendo funciones públicas hasta que alguien se digne a actuar?
