Un documento de la Subsecretaría General de la Presidencia reveló que el presidente interino José Jerí solicitó el pasado 29 de enero que el Estado asuma los gastos de su defensa legal en la investigación preliminar que sigue la Fiscalía de la Nación.
El pedido fue aprobado por el Despacho Presidencial y se sustenta en el literal i) del artículo 35 de la Ley del Servicio Civil y su reglamento, que reconocen el derecho a defensa legal para funcionarios en ejercicio.
La solicitud está vinculada a la Carpeta Fiscal N.° 15-2026, abierta por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. La investigación se desarrolla en el marco del denominado “Chifagate”, caso relacionado con reuniones privadas no registradas que el mandatario habría sostenido con empresarios de nacionalidad china.
De acuerdo con la documentación, la defensa legal será financiada con recursos públicos; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el monto que se destinará ni el abogado que asumirá el patrocinio del presidente interino en este proceso fiscal.
