David Espinoza Apaza fue hallado responsable del pago irregular al consorcio Obraínsa – Astaldi cuando era gerente del Proyecto Pasto Grande, gestión del exgobernador de Moquegua Zenón Cuevas Pare.
En el Perú de los arreglos bajo la mesa, una sentencia judicial siempre suena a excepción, no a regla. Esta vez, la justicia alcanzó a uno de los engranajes que operaron desde el poder regional. El exgerente del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), David Espinoza Apaza (gestión del exgobernador de Moquegua, Zenón Cuevas Pare), fue sentenciado por delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, al haber aprobado el pago de más de 8 millones de soles (S/ 8′100,000) al consorcio Obraínsa – Astaldi, vinculado en múltiples escándalos de corrupción.
¿El detalle más indignante? No existía autorización alguna del Consejo Directivo del PERPG para realizar ese pago. Aun así, Espinoza no dudó en firmar resoluciones, emitir memorandos y mover el aparataje administrativo para beneficiar a una empresa con oscuro historial. Como si no bastara, según la misma sentencia, el procesado deliberadamente mintió la orden de destinar dinero a otras obras de inversión pública.
El delito no admite excusas. Los autores del informe técnico y jurídico que acompañó la autorización al pago también fueron procesados. Uno de ellos fue inhabilitado para ejercer cargo público.
No colocó solo la alfombra. La sentencia indica que Víctor Parra Chura, exconsultor jurídico del proyecto, también fue sentenciado. Espinoza aprobó el pago de más de 8 millones a una empresa gravemente comprometida en hechos graves de corrupción.
El Poder Judicial no tuvo duda: los hechos fueron dolosos. Hubo intención y pleno conocimiento del daño. El informe de la Corte Superior de Justicia de Moquegua así lo deja claro: hubo fraude, hubo perjuicio, y hubo actores que sabían lo que hacían.
Uno de los males de fondo fue la interferencia política: muchos gerentes no son técnicos, sino puestos pagados para ser controlados por un patrón. Y hay responsables. Algunos ya sentenciados, otros aún protegidos por el silencio y la indiferencia política.
Lo de menos de lo no fue solo un acto indebido. Fue un robo a la inversión pública, y por tanto, un robo al pueblo.
SENTENCIA EN DETALLE
La sentencia corresponde al Expediente Judicial N.º 00981-2021-61-0301-JR-PE-01, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.
