“…los lotes revertidos y procesos judiciales ganados no ha sido producto de esta gestión sino de la gestión 2011 – 2014 de Jaime Valencia y el Procurador Manuel Segales, que demandaron el desalojo y obtuvieron sentencia y lo que estoy haciendo ahora es cumplir con la ejecución según dictaminado por el Poder Judicial, fue lo expresado por el Procurador Público de la MPI, Abog. Hugo Huancapaza Chalco.
Ante la serie de cuestionamientos sobre la reversión de terrenos, el Procurador de la MPI, fue enfático en precisar que la Procuraduría no entrega, ni revierte lotes, ni entrega títulos de propiedad, solo ejecuta en cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Judicial.
Huancapaza, aclaró que el proceso de desalojo, parte del incumplimiento de requisitos de vivencia como son: vivencia permanente, no abandonar el lote, realizar trabajos comunitarios, entre otros, una vez revertido por la agencia municipal, señaló que existe un proceso de descargo por parte del afectado. “Es responsabilidad de estas personas de no haber subsanado su abandono o transferencia de lote lo cual ha motivado su reversión”, explicó.
Además, refirió que agotada la vía administrativa y judicial, corresponde a la Procuraduría ejecutar la sentencia. “Los casos de reversión son casos ya resueltos por el Poder Judicial”, dijo.
Cito algunos casos, por un lado de la Sra. Anabel Ramírez, que según Acuerdo de Concejo N° 006-2013-MPI, el Ex Alcalde Jaime Valencia Ampuero y su Secretario General Ely Anco, autorizó al Procurador el desalojo del terreno, consideró que ella debería solicitar un terreno a la agencia municipal previa calificación, porque no ser adjudicataria del terreno, sino su padre que en su momento hizo la compra venta del terreno.
De igual forma, la Sra Hermelinda Hualpa, incumplió con los requisitos de reglamento y por lo tanto se le ha expido su sentencia de desalojo. “Este tema nació en la gestión anterior y yo como procurador encuentro la sentencia y procedo a la reversión (…) hay salidas jurídicas y podría darse una alternativa a su caso”, declaró.
Manifestó, que el procurador, defiende los intereses económicos y patrimoniales en perjuicio de la MPI, denunciando actos irregulares por terceras personas y funcionarios de la misma municipalidad. “…nuestra función es básicamente en defensa jurídica del Estado (…) trabajamos con transparencia y honestidad dentro del marco legal”, finalizó.
