Son espacios obligatorios de transparencia y participación ciudadana que permiten fiscalizar el uso de los recursos públicos y exigir resultados a las autoridades.
En distintas regiones del país, gobiernos regionales y municipalidades han empezado a convocar en los últimos días a la segunda audiencia pública de rendición de cuentas del 2025, cumpliendo con la obligación legal de informar a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y el avance de su gestión.
Las audiencias públicas de rendición de cuentas son espacios formales de transparencia y participación ciudadana. En estas sesiones, las autoridades deben presentar informes sobre la ejecución presupuestal, el estado de las obras, programas y proyectos, así como responder preguntas y observaciones de la población, dirigentes sociales y organizaciones.
Su importancia radica en que permiten a los ciudadanos fiscalizar de manera directa a sus autoridades, exigir explicaciones sobre retrasos o deficiencias en obras, y conocer con claridad cómo se invierten los fondos del Estado, especialmente aquellos provenientes del canon, regalías y transferencias nacionales. Además, son un mecanismo que contribuye a prevenir la corrupción y a fortalecer la confianza en la gestión pública.
De acuerdo con la norma, los gobiernos regionales y locales deben realizar dos audiencias públicas cada año: la primera en mayo y la segunda en setiembre. Sin embargo, informes de la Defensoría del Pueblo han advertido que, mientras la mayoría de gobiernos regionales cumple con esta obligación, un número significativo de municipalidades provinciales sigue mostrando retrasos o incumplimientos.
En ese contexto, la realización de estas segundas audiencias representa una oportunidad para que la ciudadanía ejerza su derecho a la vigilancia, y para que las autoridades demuestren con hechos y cifras si realmente están cumpliendo con los compromisos asumidos.
