El Ejecutivo ha lanzado cifras contundentes: el Perú habría perdido más de S/ 7,500 millones por minería ilegal desde 2023, según lo expuesto por la presidenta Dina Boluarte Zegarra en la reciente presentación de la estrategia del Gobierno contra esta actividad ilícita.
“Ese dinero pudo financiar 1,500 escuelas primarias rurales, 750 centros de salud, 375 comisarías, 8 plantas de tratamiento de aguas residuales, 5 proyectos eléctricos, 10 parques industriales regionales, 750 km de carretera y 5,420 puentes”, enumeró la mandataria en tono firme.
“El Gobierno no pacta con la ilegalidad”, enfatizó Boluarte al anunciar una mesa de trabajo de alto nivel convocada en Palacio de Gobierno, en la que participarán representantes del Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, gremios mineros y entidades técnicas. El objetivo: construir una ley para enfrentar frontalmente la minería ilegal.
Pero… ¿quién tiene realmente la culpa?
Si el Estado conoce desde hace décadas la magnitud del problema, ¿por qué no actuó antes? ¿Por qué se permitió la expansión de corredores mineros ilegales en regiones como Madre de Dios, Puno, Arequipa, La Libertad o Moquegua?
¿No son acaso los propios organismos estatales —incluidos gobiernos regionales, municipios, Sunat, Minem, Osinergmin, entre otros— quienes han fallado en el control, la fiscalización y la formalización?
Mientras los millones se evaporan, miles de mineros artesanales viven en la informalidad, sin acceso a financiamiento, a derechos laborales, a condiciones dignas. La Ley MAPE —que detonó fuertes protestas y una tregua forzada en zonas como Chala— es vista por estos sectores como una criminalización más, en vez de una política de inclusión.
Incluso expertos advierten que el Ejecutivo no solo sobredimensiona las cifras para justificar medidas represivas, sino que omite su propia responsabilidad en no haber ejecutado políticas efectivas de formalización.
Un doble discurso
Mientras el Gobierno se presenta como firme ante la ilegalidad, al interior del Congreso y los partidos que hoy están en el poder, aparentemente existen operadores políticos que han negociado con sectores mineros ilegales, según investigaciones periodísticas.
El problema no es solo económico: es estructural, político y moral. El Estado toleró la minería ilegal, miró a un costado cuando se contaminaban los ríos y se destruían los bosques, y reaccionó tarde cuando los conflictos sociales ya estallaron.
Entonces, ¿quién tiene realmente la culpa?
¿Los mineros empujados por la necesidad a la informalidad?
¿Los gobiernos que ignoraron el problema hasta que reventó?
¿O el sistema completo, que prefiere reprimir antes que transformar?
