La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ejecutó un amplio operativo en las regiones de Tumbes, Lambayeque y La Libertad, que incluyó el allanamiento de 17 inmuebles y la detención preliminar judicial en Lima del gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en agravio del Estado. Junto a él fueron intervenidas otras personas vinculadas a la pesquisa fiscal.
El operativo fue dirigido por el fiscal provincial especializado en Lavado de Activos de Tumbes, Manuel Eduardo Apolo Casariego, quien dispuso además la incautación de dos inmuebles, uno ubicado en Chiclayo y otro en Tumbes, presuntamente relacionados con el circuito patrimonial investigado. Las diligencias contaron con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y se desarrollan de manera simultánea en diversos puntos del norte del país.
Según la investigación preliminar, la gestión regional de Segismundo Cruces habría adjudicado de manera irregular diversas obras públicas de alto presupuesto. Entre ellas figuran proyectos de descolmatación en el distrito de Corrales y la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-1, ubicado en el distrito y provincia de Tumbes, así como otras intervenciones en infraestructura que estarían bajo la lupa del Ministerio Público por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución.
En el marco del mismo caso, fue intervenida en el puesto de control de Carpitas Laura Yesenia Egúsquiza Flores, sobrina de Zoila Rosa Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador regional. De acuerdo con la información fiscal, Egúsquiza Flores es investigada junto a Segismundo Cruces por el presunto delito de lavado de activos y registra una orden de detención preliminar por 15 días. La intervención se produjo cuando presuntamente intentaba huir de la región.
El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Tumbes declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar, allanamiento de inmuebles, incautación de bienes y levantamiento del secreto de las comunicaciones contra una presunta red de lavado de activos que, según la tesis del Ministerio Público, estaría encabezada por el gobernador regional de Tumbes.
La investigación se sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado.Mediante la Resolución N.° 1, de fecha 4 de febrero del 2026, el juzgado ordenó la detención preliminar por el plazo de 15 días de los investigados Segismundo Cruces Ordinola, Zoila Rosa Cuéllar Garay, Luis Antonio Peña Alburquerque, Carmen Inés Guerrero Jaime y Laura Yesenia Egúsquiza Flores, a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, a cargo del fiscal Manuel Eduardo Apolo Casariego.
La investigación fiscal se centra en la presunta comisión del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado, así como ingreso o salida del territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. La hipótesis de la Fiscalía apunta a que parte de los recursos obtenidos mediante adjudicaciones irregulares de obras públicas habría sido canalizada y ocultada a través de terceros y distintos bienes muebles e inmuebles.
El juez autorizó el allanamiento con descerraje, registro domiciliario e incautación en una serie de inmuebles ubicados en Zarumilla, Tumbes y otras ciudades, vinculados a los investigados. Entre los bienes objeto de intervención figuran departamentos y viviendas en el casco urbano de Zarumilla, domicilios en la ciudad de Tumbes y otros inmuebles inscritos en partidas de Registros Públicos y fichas catastrales, algunos a nombre de terceros, pero asociados a la pesquisa fiscal como presuntos puntos de acopio o movimiento patrimonial.
La resolución también faculta la incautación de equipos electrónicos —teléfonos celulares, laptops, CPU, tablets, cámaras, memorias USB, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento digital—, así como documentación contable y financiera, como libros contables, registros societarios y tributarios, títulos valores, actas notariales, recibos de transferencias bancarias, facturas y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera que resulten de interés para la investigación o eventual decomiso.
Como parte de las medidas aprobadas, se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos que sean incautados durante los allanamientos, a fin de acceder a registros de llamadas, mensajes y otras comunicaciones que permitan reconstruir presuntas operaciones de lavado de activos y vínculos entre los investigados.
Para la ejecución de las medidas restrictivas, el juez autorizó la participación de los fiscales del Distrito Fiscal de Tumbes, incluyendo al fiscal provincial Manuel Eduardo Apolo Casariego y a las fiscales adjuntas Luz Margarita Rodríguez Pardo y María Estrella Janampa Luna, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Las diligencias continúan y no se descarta la adopción de nuevas medidas en las próximas horas, en un caso que podría revelar graves actos de corrupción al interior del Gobierno Regional de Tumbes.
