Un total de 39 familiares de 33 congresistas han registrado contratos con el Estado, a pesar de que hasta hace poco la ley lo prohibía expresamente. Esta situación se desprende de los registros del OSCE y las declaraciones juradas de intereses presentadas por los propios parlamentarios. Sin embargo, desde el 22 de abril de 2025, ya no existe ninguna restricción legal para que familiares cercanos —como cónyuges, padres, hijos, hermanos, cuñados y suegros— puedan contratar con entidades públicas, con la única excepción del Congreso de la República. Esta modificación fue aprobada en mayo del año pasado por los mismos legisladores y ya ha entrado en vigencia.
Según expertos como Roberto Benavides, la modificación abre la puerta para que los parientes de los congresistas trabajen o contraten con ministerios, gobiernos regionales y municipalidades, elevando las preocupaciones sobre posibles prebendas políticas o conflictos de interés. Casos recientes muestran cómo familiares de parlamentarios como Américo Gonza, Luis Picón, Roberto Chiabra, Víctor Cutipa, Kira Alcarraz, Edgar Tello, José Luna Gálvez y Kelly Portalatino ya habían logrado contratos estatales, incluso cuando aún existía la prohibición, amparados en medidas cautelares. Ahora, sin ese “candado legal”, la pregunta que queda en el aire es quién fiscalizará que esta nueva realidad no derive en corrupción o tráfico de influencias.
