Una reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) ha generado gran impacto en la regulación del tránsito urbano en el país. El máximo órgano constitucional determinó que las municipalidades no tienen competencia legal para imponer sanciones por mal estacionamiento, como multas o el uso de grúas para remolcar vehículos.
El fallo, dado a conocer por la Defensoría del Pueblo, deja sin efecto diversas ordenanzas municipales vigentes en distritos de Lima y otras regiones del país. La medida se sustenta en el principio de legalidad, que establece que solo el Estado, mediante leyes nacionales, puede establecer y aplicar sanciones en materia de tránsito.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exhortó a las municipalidades distritales a acatar el fallo del TC, advirtiendo que el incumplimiento podría constituir desacato, una falta que podría derivar en sanciones administrativas e incluso la destitución de funcionarios.
La falta de herramientas inmediatas para el control del estacionamiento indebido ha generado incertidumbre entre las autoridades locales y preocupación entre los ciudadanos, quienes ahora se preguntan cómo se mantendrá el orden en las vías públicas sin una normativa municipal que regule este tipo de infracciones.
