Las transferencias del canon minero representan una fuente clave de financiamiento para los gobiernos regionales y locales; sin embargo, el principal desafío no estaría en el volumen de recursos, sino en la forma en que estos se ejecutan. Así lo advierten especialistas que coinciden en que la baja capacidad de gestión limita el impacto real de estos fondos en el desarrollo territorial.
El profesor e investigador de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, sostiene que estas transferencias son fundamentales porque financian inversión pública en infraestructura básica, permiten cofinanciar proyectos con el Gobierno Nacional y actúan como amortiguador ante crisis económicas o climáticas. No obstante, remarca que su efectividad depende de la calidad del gasto.
Según explica, al tratarse de recursos cíclicos y volátiles, una ejecución ineficiente —con proyectos de baja rentabilidad social, retrasos o falta de previsión para mantenimiento— reduce su capacidad de generar resiliencia y desarrollo sostenido. En un contexto de riesgo climático por el Fenómeno de El Niño y de incertidumbre política, advierte que una gestión inadecuada puede marcar la diferencia entre prevención o reacción costosa ante emergencias.
Las cifras respaldan esta preocupación. La coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo, Paola del Carpio, alertó que en 2023 y 2024 más de 8.800 millones de soles del canon minero quedaron sin ejecutar debido a limitaciones técnicas en los gobiernos locales. “No es un problema de falta de recursos, sino de capacidad para convertirlos en bienestar”, afirmó durante un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Ante este escenario, Lizarzaburu propone priorizar proyectos estratégicos, fortalecer la preinversión, destinar recursos al mantenimiento de infraestructura y aplicar mecanismos de transparencia y control concurrente. En síntesis, los especialistas coinciden en que el reto del canon no es cuánto se recibe, sino cómo se gestiona para que realmente se traduzca en obras y servicios de impacto para la población.
