El silencio de los magistradosPocas han sido las voces desde la tribuna de los magistrados que han salido en defensa de la defenestrada, abolida y suspendida exfiscal de la nación Delia Espinoza Valenzuela, un poco tardía la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, JUSDEM, emitió un pronunciamiento rechazando la inhabilitación arbitraria y la intervención del Tribunal Constitucional en su proceso de amparo.
Sin embargo, desde el Ministerio Público parece que los fiscales han elegido el lado más cómodo, una butaca premium para asistir a la película del linchamiento jurídico y político de quien hasta hace poco conducía la institución que persigue el delito e irónicamente defiende la legalidad, y es que a todas luces los fiscales omiten su función tras un silencio preocupante y conveniente, dejando dudas sobre la férrea defensa de la autonomía de sus fueros.
En varias ocasiones escuchamos los discursos protocolares de los magistrados, que en el papel juran y reafirman la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, la lucha contra el delito, venga de donde venga, discursos ufanados en la defensa de la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, el vía crucis de ilegalidades que viene padeciendo la Fiscal Suprema Delita Espinoza a instancias de la Junta Nacional de Justicia JNJ y el Congreso de la República parece no haber calado la indignación oportuna de los magistrados, sobre todo de los titulares de diversas jerarquías, la mayoría de fiscales y jueces han optado por un silencio absoluto.
Fue lamentable ver que, tras la suspensión como Fiscal de la Nación de Espinoza Valenzuela por la JNJ, las instancias supremas del Ministerio Público dieron un mensaje de sometimiento y debilidad tras elegir como Fiscal de la Nación Interino a Thomas Aladino Gálvez, con serias dudas sobre su reposición, avalada por el Tribunal Constitucional y cuestionado por sus vínculos con la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos”, prefirieron elegir a un fiscal, cercano al poder político, con consignas de venganza, que al Fiscal Supremo Juan Carlos Villena Campana, cuya trayectoria como Fiscal Interino de la Nación fue relativamente trascendental en la estabilidad institucional, luego de que se descubriera los acuerdos nada legales de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides con un grupo de congresistas, ávidos de impunidad.
Es evidente que tanto la suspensión de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación por parte de la JNJ y la prohibición del congreso para que durante 10 años no ejerza algún cargo público son estrategias ilegales del poder político que ha visto en Espinoza un riesgo a sus intereses, dejando en evidencia que no les gustó una Fiscal de la Nación acuciosa y diligente en la persecución del delito en las altas esferas del poder.
También es preocupante que en los fueros internos del Ministerio Público no haya causado indignación las posibles concesiones delictivas que el Fiscal interino Thomas Gálvez prometió ante la comisión de reforma de justicia del congreso, a pocos días de su elección, “Respecto a los 105 congresistas investigados, definitivamente, yo creo que ahí hay una actuación excesiva del Ministerio Público, cierto es que ha habido denuncias hasta por gusto", expresó Gálvez, aquella vez. Tampoco causó reacción alguna la confrontación interna a los fiscales del equipo Lava Jato, cuyo trabajo ha dado muestras y resultados positivos en la lucha contra la corrupción en los grupos del poder e incluso lograron sentencias importantes en contra de expresidentes de la república y personas ligadas al poder.
Curiosamente el silencio de los fiscales titulares se dio en el momento en que solapadamente hacían las gestiones para incrementar sus ya onerosas remuneraciones, para ello, a nivel nacional se organizaron en constantes “sesiones permanentes”, no para discutir la profunda crisis institucional y el alarmante ataque político a la autonomía institucional, sino para hacer presión al incremento salarial, lo que finalmente se logró con la promulgación de la Ley 32432, en setiembre último, un mérito atribuido al interino Fiscal Thomas Gálvez, quién además de buenas económicas, redujo la confrontación entre el Ministerio Público y personajes del poder político, involucrados en serias investigaciones fiscales.
En fin, a los fiscales parece no inmutarles tener un representante que posibilita el sometimiento del Ministerio Público a poder político corrupto que somete y controla al Ministerio Público, como en los tiempos de Blanca Nélida y Patricia Benavides, es posible que la historia de los 90 se repita, más aún, que desde el congreso la comisión liderada por la congresista María del Carmen Alva impulsó una serie de reuniones con magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial logrando una “dudosa” reforma de la justicia, ahora dicen los políticos, avalada por jueces y fiscales a nivel nacional
