La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal en agravio del Estado. La decisión se tomó con 15 votos a favor, tres en contra y una abstención.
La denuncia se basa en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y corresponde a la Denuncia Constitucional 424 presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Los delitos imputados están previstos en los artículos 399 y 381 del Código Penal.
Según el informe, Vizcarra habría intervenido indebidamente en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales. El nombramiento se oficializó mediante la Resolución 017-2020-JUS, emitida el 1 de febrero de 2020.La exministra de Justicia Ana Teresa Revilla también fue incluida inicialmente en la denuncia. Participó de la sesión de forma virtual y sostuvo que las acusaciones “carecen de sustento” y que Soria tenía las credenciales necesarias. Sin embargo, se advirtió que el plazo para procesarla habría caducado, ya que dejó el cargo en febrero de 2020.El presidente del Congreso, José Jerí Oré, informó que Vizcarra fue notificado por WhatsApp, correo electrónico y en los domicilios registrados, pero no presentó descargos ni asistió a la sesión. Su inasistencia fue declarada injustificada y el caso será elevado a la Fiscalía de la Nación. La congresista Lady Camones fue designada para sustentar la acusación ante el Pleno.
