En medio del conflicto por la Ley Mape, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí obtuvo una orden judicial para dictar detención preliminar por 7 días contra ocho personas detenidas durante las protestas en Chala.
La medida fue solicitada por el fiscal adjunto Edson Condori Huamaní y aprobada en audiencia judicial, bajo el argumento de permitir diligencias “urgentes e inaplazables” por parte de la Policía y el Ministerio Público.
LOS DETENIDOS HAN SIDO IDENTIFICADOS COMO:
José Sánchez Q., José Luis Nucante C., Juan Machaca Z., Cristian Torres H., Isau Oroltegui S., Vicente Evangelista C., Mercedes Quispe Ch. y Gustavo Mamani A.
Son investigados por el presunto delito de disturbios y violencia contra la autoridad.
Según la versión policial, fueron capturados en flagrancia bloqueando la Panamericana Sur con piedras y llantas, y habrían lanzado objetos contundentes durante su intervención.
Sin embargo, videos ciudadanos contradicen esta versión, mostrando que varias detenciones se habrían producido en zonas alejadas de la vía bloqueada.
Esta decisión ha generado una fuerte reacción entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que denuncian una posible criminalización de la protesta, en un contexto marcado por la represión violenta.
En Chala ya se confirmó la muerte de un manifestante y se reportan numerosos heridos sin atención médica adecuada.
Organismos de derechos humanos advierten que el uso sistemático de la detención preliminar como castigo anticipado vulnera el principio de presunción de inocencia, y se estaría utilizando para disuadir la participación ciudadana en protestas legítimas.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene silencio frente a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, bombas lacrimógenas lanzadas a viviendas y detenciones indiscriminadas.
¿Es proporcional mantener detenidos por siete días a ciudadanos sin pruebas claras o contundentes?
¿Hasta cuándo se seguirá reprimiendo al que protesta en vez de atender sus demandas?
