Por: José Luis GonzalesEl avance de la minería informal en la región de Cajamarca ha vuelto a encender las alarmas. El 10 de enero, un desprendimiento de tierra en una zona de explotación en la provincia de San Ignacio sepultó a cuatro trabajadores que, gracias a la rápida intervención de otros trabajadores, usando maquinaria pesada, lograron ser rescatados con vida. Uno de ellos, Luis Enrique Brito Larreatigue (31), fue trasladado al hospital general de Jaén, debido a algunas lesiones.
El accidente se produjo mientras un grupo de mineros realizaba labores de extracción en un yacimiento a cielo abierto. Imágenes captadas por testigos muestran cómo una ladera, debilitada por la falta de técnicas de banqueo y medidas de seguridad mínimas, colapsó sobre los mineros.
En la escena, la desesperación fue inmediata: pobladores y compañeros intentaron remover toneladas de material utilizando palas y una excavadora que se encontraba en el lugar. Los gritos de auxilio y el llanto de los familiares marcaron una jornada donde la informalidad mostró su cara más letal. Las investigaciones policiales continúan, dado que las causas precisas del accidente no han sido esclarecidas.
Esta vez no hubo muertos. Hace poco, en diciembre de 2025, otro derrumbe en Chota cobró la vida de dos mineros (padre e hijo).
UNA REALIDAD A LA QUE LE PONEN LA ESPALDA
La minería ilegal en San Ignacio y Jaén es una amenaza para el medio ambiente y una trampa mortal para quienes, empujados por la precariedad económica, aceptan condiciones laborales inhumanas.
El uso de dragas y químicos en las riberas de los ríos Chinchipe, Canchis y Las Juntas en San Ignacio ha provocado una contaminación crítica de las fuentes de agua, afecta la salud de las poblaciones locales y la biodiversidad.
Líderes religiosos y ronderos han denunciado que esta actividad ilícita atrae economías delictivas, aumenta la delincuencia y genera conflictos sociales violentos en la frontera con Ecuador.
Sin embargo, para el Congreso, esto no es relevante, recordemos que al término del año aprobaron la ampliación del REINFO. Muchos mineros ilegales aprovechan para desarrollar sus ilícitas actividades.Frente a este escenario, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio, que inició operaciones en septiembre de 2025, ha intensificado sus operativos. Apenas tres días antes de la tragedia, el 6 de enero, incautó maquinaria pesada y vehículos utilizados para el transporte ilegal de insumos químicos en el distrito de Namballe.
En octubre de 2025, un operativo liderado por el fiscal Miguel Quijano Sena logró neutralizar un campamento ilegal en el caserío Huallape (Jaén). Decomisó volquetes, motobombas y equipos de succión. La fiscalía busca no solo incautar maquinaria, sino desarticular redes de lavado de activos vinculadas al oro ilegal.
MUERTES SIN REGISTRO CLARO
Aunque la data oficial suele ser conservadora debido a la clandestinidad de las operaciones, los reportes periodísticos y policiales de los últimos meses pintan un panorama desolador. Lo que pudo ser una tragedia el 10 de enero en San Ignacio, se inserta en un patrón de accidentes fatales y emboscadas relacionadas con el control del oro que ya han cobrado víctimas en este corredor minero.
La población de San Ignacio, respaldada por ronderos y el Vicariato San Javier, exige una respuesta del Estado que vaya más allá de las intervenciones puntuales. La recurrencia de fallecidos en este corredor se explica por la geología del terreno y la ambición desmedida. En San Ignacio (frontera con el Ecuador), el riesgo identificado se relaciona con derrumbes por inestabilidad de taludes y saturación de suelos por lluvias. En Jaén (Huallape/Caseríos), la policía ha identificado conflictos armados por control de vetas y accidentes en pozas de cianuración. Mediante operativos se ha logrado el decomiso masivo de maquinaria, sin embargo, luego de un tiempo, vuelven a operar. Los Ríos Chinchipe/Canchis vienen siendo seriamente expuestos a metales pesados y accidentes por dragado subacuático
